Santo Domingo. La Fuerza del Pueblo (FP), a través de su Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos, propuso reformar la legislación dominicana para establecer penas de hasta 30 años de prisión contra el contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra, ante las revelaciones sobre redes de tráfico ilícito hacia territorio haitiano.
La iniciativa busca cerrar lo que la organización política considera un vacío legal: mientras la Ley General de Aduanas contempla penas de hasta 10 años para el contrabando agravado, la ley especial de armas ya prevé condenas de hasta 30 años para delitos vinculados al desvío de pertrechos oficiales.
Qué propone la iniciativa
Orlando Espinosa, titular de la Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos de la FP, explicó que la propuesta plantea armonizar la legislación para que el contrabando de armas, municiones y pertrechos de guerra reciba un castigo acorde con su gravedad, especialmente cuando compromete la seguridad nacional.
El dirigente advirtió que las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales evidencian la necesidad de fortalecer los controles aduaneros y revisar el tratamiento penal de estas operaciones, pues las redes criminales han demostrado una capacidad cada vez más sofisticada para utilizar los mecanismos del comercio internacional en actividades que amenazan la seguridad del país.
En su planteamiento, Espinosa consideró que el país no puede continuar enfrentando las nuevas modalidades del crimen organizado con disposiciones concebidas principalmente para sancionar el contrabando comercial tradicional, diseñadas para otro tipo de mercancías y otro momento histórico.
La brecha entre dos leyes
El núcleo técnico de la propuesta es la diferencia entre dos normas. Por un lado, la Ley General de Aduanas 168-21 contempla sanciones de hasta diez años de prisión para determinadas modalidades de contrabando agravado. Por otro, la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados establece penas que pueden alcanzar los 30 años para delitos específicos relacionados con el desvío de pertrechos oficiales.
A partir de esa diferencia, la FP propone que el Congreso Nacional armonice ambas normas para evitar que el tráfico de armas y municiones reciba castigos menos severos cuando se canaliza por vías aduaneras, cerrando así la puerta a interpretaciones que reduzcan la pena efectiva de los responsables.
La propuesta reabre, de paso, el debate sobre los controles en puertos y pasos fronterizos, la rendición de cuentas y la brecha entre la gravedad del problema y la respuesta legal vigente.
Un tema de seguridad nacional
Espinosa cuestionó que, bajo la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se hayan conocido casos de municiones de origen militar dominicano encontradas en poder de organizaciones criminales haitianas, una situación que, a su juicio, exige respuestas institucionales mucho más contundentes.
El señalamiento se produce en un momento en que la crisis de seguridad en Haití mantiene en alerta a la República Dominicana, con un reforzamiento permanente de la vigilancia fronteriza y un seguimiento estrecho de las redes que alimentan a las bandas armadas del vecino país.
El contexto regional da peso a la discusión. Haití atraviesa una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente, con bandas armadas que controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y que, según denuncias reiteradas de las autoridades dominicanas, se abastecen de armas y municiones introducidas ilegalmente desde el exterior. Para la República Dominicana, que comparte la isla La Española con Haití, frenar ese flujo no es solo una cuestión de vecindad, sino de defensa de su propia estabilidad.
La propuesta de la FP se suma así a una serie de iniciativas y pronunciamientos de distintos actores políticos y sociales que reclaman un endurecimiento de los controles fronterizos y aduaneros, en un momento en que el país también mantiene un despliegue permanente de seguridad en la zona limítrofe.
Como toda iniciativa de esta naturaleza, la propuesta deberá recorrer el camino legislativo: ser conocida, debatida y eventualmente aprobada por el Congreso Nacional antes de convertirse en ley. La FP espera que la alerta que lleva a los legisladores sirva para cerrar los vacíos de sanción que, según su planteamiento, todavía permiten respuestas penales desiguales frente a un problema de seguridad regional.
Fuentes: Fuerza del Pueblo, Secretaría de Asuntos Aduanales y Puertos (Orlando Espinosa); informaciones de medios nacionales (precision.com.do, 7dias.com.do, eldiariocibaonordeste.com).
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