El Gobierno dominicano dio un paso importante en la modernización de la administración pública con la emisión del Decreto 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado. La normativa, anunciada el 12 de octubre de 2026, busca que las inversiones y contrataciones tecnológicas de las instituciones públicas se realicen de manera coordinada, eficiente, interoperable, segura y sostenible.
En la práctica, el decreto pone fin a una realidad conocida por años: cada institución compraba sus propios sistemas, plataformas y servicios en la nube de forma aislada, sin coordinación con las demás, lo que generaba duplicidades, sobrecostos y sistemas que no se comunicaban entre sí. El ciudadano lo pagaba con trámites lentos, ventanillas desconectadas y servicios digitales que no funcionaban como debían.
Qué establece el reglamento
El decreto tiene como propósito mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer la interoperabilidad, proteger los datos bajo responsabilidad del Estado, asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad, seguridad y eficiencia de los servicios públicos.
Su alcance abarca la adquisición de sistemas informáticos, plataformas digitales, servicios en la nube y soluciones de tecnologías emergentes. La idea es que las instituciones compartan recursos y utilicen sistemas compatibles, en lugar de desarrollar soluciones aisladas que multiplican los costos operativos y fragmentan la experiencia del ciudadano.
El MAP, como autoridad de aplicación
La normativa designa al Ministerio de Administración Pública (MAP) como la autoridad de aplicación del reglamento. La entidad tendrá a su cargo la coordinación general de los procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración, seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales estratégicas reguladas.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que la medida marca un hito en la gobernanza tecnológica nacional, al dar un paso fundamental para erradicar la fragmentación del gasto y las inversiones aisladas en las instituciones del Estado. "A partir de este reglamento, cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional integrada", expresó el funcionario.
Una comisión técnica multisectorial
El decreto también dispone la creación de una comisión técnica multisectorial encabezada por el MAP, en la que participan dependencias adscritas a la Presidencia, los ministerios de Hacienda y Economía, el sector de compras estatales y los organismos de seguridad cibernética.
Este equipo tendrá la encomienda de revisar si existen aplicaciones o licencias ya disponibles dentro del aparato público antes de autorizar adquisiciones independientes. Además, las instituciones deberán someter sus requerimientos tecnológicos a un peritaje técnico obligatorio antes de convocar licitaciones públicas de envergadura, un filtro que busca evitar compras innecesarias o sobredimensionadas.
Protección de datos y soberanía digital
Uno de los aspectos más relevantes del reglamento es su enfoque en la protección de los datos bajo custodia del Estado. En una era donde la información de los ciudadanos circula por múltiples plataformas, garantizar que esos datos se manejen con seguridad y bajo criterios de soberanía nacional es una obligación ineludible.
El ministro Freund subrayó que la medida busca mejorar los servicios digitales, garantizar su seguridad y proteger la soberanía del Estado sobre los datos de los ciudadanos. Es un punto que cobra especial importancia frente al crecimiento de los ciberataques y la dependencia de proveedores externos.
El reto: de la norma a la práctica
Como toda reforma, el verdadero examen del Decreto 714-26 será su aplicación. Coordinar a decenas de instituciones con culturas, presupuestos y niveles de madurez digital distintos no será tarea sencilla. El MAP deberá demostrar capacidad técnica y autoridad real para que el reglamento no quede en letra muerta.
Sin embargo, la dirección es la correcta. Un Estado que gasta de forma coordinada en tecnología, que evita comprar dos veces lo mismo y que protege los datos de sus ciudadanos es un Estado más eficiente y más confiable. Para los dominicanos, el beneficio final debería sentirse donde más importa: en trámites más rápidos, servicios digitales que funcionen y una administración pública a la altura de los tiempos.
Fuente: Presidencia de la República Dominicana
Foto: BalticServers.com (CC BY-SA 3.0)
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